Ex senador Ricardo Hormazabal: "Es una respuesta abusiva"
Aumentaron sus planes en un 5,7%, la mayor de los últimos tres años. Las ganancias crecieron en casi un 100% durante el último período. Pese a requerimiento del Tribunal Constitucional, el sistema privado mantiene brecha entre géneros. Mujeres y adultos mayores continúan como los más afectados.
A fines de marzo, se anunció el aumento de precios de los planes de salud que decretaron las Isapres y que en promedio será de un 5,7%, oscilando entre 3,2% y 8,6%. Frente a esto, de todos los frentes surgió un fuerte rechazo. El alza es la mayor de los últimos tres años, mientras paralelamente las ganancias de las Isapres crecieron entre el 2009 y el 2010 en un 92,4% llegando a más de $49 mil millones.
Las alzas implicarán a sus afiliados aumentos que pueden ir desde los $1.457 hasta $18.453 mensuales en sus planes de salud, dependiendo de la aseguradora. Montos que varían además, de acuerdo con la edad y sexo de las personas, así como también si se cotiza de manera individual o dentro de un grupo familiar.
De acuerdo a la tabla de precios, a quienes más se les encarece el plan de salud es a los matrimonios de adultos mayores (hombres de 69 años y mujer de 65), con un alza entre $11.129 y $18.453 mensuales. Del otro lado de la acera, los menos afectados serán los hombres jóvenes y solteros, para los que su plan se verá elevado entre $1.457 y $2.416. No obstante, las mujeres continúan siendo las más perjudicadas ya que en el mismo plan, pese a ser solteras y tener la misma edad, pagan casi el triple de lo que cancela un hombre, con precios que van desde los $86.128 a $101.834, con un incremento entre $3.964 a $6.573.
Sobrerreacción
Para el ex superintendente de Salud y médico Manuel Inostroza, esta alza no se explica porque "es una sobrereacción innecesaria", entre otras cosas porque "las utilidades habían aumentado el año pasado de 24 mil millones de pesos a 49 mil millones de pesos".
Asimismo, acusa que "el gobierno quiere eludir el problema de fondo enviando un proyecto de ley que le resuelve el problema que tienen hoy día las Isapres que no pueden subir los costos ni discriminar". También criticó la creación del IPC de la salud, puesto que ellos mismos harían los cálculos. "Si nosotros pudiésemos avanzar en una regulación en que el sistema de Isapres definitivamente entrara en la lógica de la seguridad social como actores privados, creo que podríamos resolver de raíz los problemas que enfrenta el sistema", agregó. No obstante, declaró que "lo que no puede seguir ocurriendo es que el sistema de Isapres con cargo al 7% obligatorio se maneje con una lógica de seguros o primas individuales".
El ex senador Ricardo Hormazabal señala, que esta alza "es una respuesta abusiva a una difusión clave por parte del Tribunal Constitucional. No hay antecedentes que puedan justificar este tipo de alza, ni siquiera para las diferencias etarias que hacen".
Asimismo, argumenta que las utilidades del último período, "demuestra que el negocio es una mina de oro, sin accidentes para los dueños, sólo para los usuarios, pese a que dejan de vender planes ellos ganan igualmente".
A juicio de Hormazábal, la falta de fiscalización, demuestra que "han tenido éxito en la tarea de lobby con los distintos actores políticos. La Concertación durante 17 años, lamentablemente, sólo rasguñó la máscara de abuso del sistema".
¿Y Fonasa?
Según el ex senador, si las Isapres llegaran a perder gran parte de sus afiliados, "de todas formas ganarían, sólo hay que ver que tiempo atrás ellos perdieron clientes y así y todo aún continúan. Con las utilidades que hoy poseen, pueden sostenerse".
Pero ¿qué sucede con la contraparte, Fonasa? En este contexto asegura que este sistema estatal como administración tiene capacidad para resolver el tema, "pese a los acuerdos que obliga a las personas de clase media a pagar mucho como co-pago si decide atenderse con mejores médicos y en mejores recintos hospitalarios".
De igual forma denuncia que los problemas que hoy existen en el sistema, como el retraso en las prestaciones centrales como el AUGE, "se han producido porque hay una política de desmantelar el sistema público. Hay médicos -por ejemplo- que prestan servicios privados, estando al frente de un hospital público y ese es el egoísmo que existe, donde manda la plata, porque el Estado no les paga mucho".
La solución para Hormazábal, radica en modificar el sistema de fondo, que sea un fondo solidario mucho más justo. "El sistema mixto no es lo que se debe seguir, y un claro ejemplo es Estados Unidos, donde el presidente Obama creó un sistema donde se obtiene un rol no con fines lucrativos, donde la gente con escasos recursos puede acceder y el que tiene más dinero paga".
"El sistema de Isapres que está en Chile, tiene condiciones que no existen en ninguna parte del mundo. Son un monopolio que manejan los cobros, los precios y deciden a quien darle o no licencia. Claramente hay una política de defender las Isapres y por aún continúan arriba. La solución está en crear una Isapre del Estado, con planes claros y sin discriminar entre generaciones. Así, se deja de lado la teoría del limón, que sacan el jugo cuando uno es joven y no se enferma y después los dejan botados cuando comenzamos a presentar problemas, lo que debiera ser todo lo contrario", puntualiza.
El polémico proyecto
Pese a las discusiones y negación de los parlamentarios de la oposición, fue de toda forma aprobada la idea de legislar respecto al proyecto de ley corta de Isapres II. No obstante, desde la DC, el senador y presidente del partido, Ignacio Walker, pidió que el gobierno retire la urgencia del proyecto, argumentando que "el actual proyecto de ley no llega al fondo del tema, atenúa de alguna manera la situación actual pero manteniendo el statu quo".
La iniciativa comprende, entre otros aspectos, una tabla de factores única y atenuada, con 11 tramos de edad, y la congelación de los precios para los menores de dos años y de los mayores de 65.
Al respecto, el diputado DC Víctor Torres manifestó su preocupación señalando que "hemos realizado todos los esfuerzos posibles para que el Gobierno entienda que, tal como está este proyecto, no soluciona el drama que viven los afiliados a las Isapres, más aún con el alza de planes de aproximadamente un 5 % anunciado por las aseguradoras".
El fiscalizador fiscalizado
El cargo de Superintendente de Salud, cuenta con la finalidad -entre otras cosas- de ser el ente fiscalizador del mercado de la salud, y en este sentido las Isapres se transforman en el ente que siempre se ha mantenido en el ojo del huracán. No obstante, en julio de 2010 se dio una situación paradójica, donde los conflictos de interés se hicieron -una vez más- presentes, cuando asumió Luis Romero, ex subgerente general de Colmena.
Este nombramiento generó una batahola entre la oposición y el oficialismo, quien no veía con muy buenos ojos lo que aquí estaba ocurriendo, principalmente por el rol fiscalizador que debía cumplir y tomando en cuenta el dilema de las Isapres. Pero la solución radicó en albergarse bajo la Ley de Probidad, la que le impide fiscalizar a su ex empleador por dos años, en este caso Colmena. Una decisión que deja "libre" a la Isapre que hoy controla el 16% del mercado que debe fiscalizar. ¿Pero qué sucede con las demás? Ante ellos puede seguir ejerciendo su rol, aunque de manera más "amigable".
Asimismo, se le deja fuera de participar en el proyecto de ley corta de Isapres II. Sin embargo, quienes conocen cómo funciona dicha repartición pública hacen ver que aún si Romero no interviene en el diseño de los cambios legales, el superintendente de todos modos se verá obligado a hacerlo después, cuando firme las circulares administrativas que permitan su puesta en marcha. Así ocurrió tras las dos últimas modificaciones a la Ley de Isapres, cuando el superintendente emitió más de 20 circulares que regularon en los hechos la ejecución de la ley.
Cuando ocurrió al polémica, el ministro de Salud, Jaime Mañalich salió en su defensa y argumentó: "No hay astilla más afilada que la del mismo palo, aquí el que conoce el sector y sus deficiencias es el que puede ser un fiscalizador mucho más duro".
El gobierno parece creer en serio en ese dicho. Muchos han sido designados en cargos que, irrisoriamente, deben fiscalizar. Pero la defensa viene muy de cerca, puesto que Mañalich también viene de ese sector, quien antes de asumir fue director médico y accionista de la Clínica Las Condes, donde hasta hace poco era parte de la propiedad con el mismo Piñera, que manejaba el 9,76%.
Tendremos que ver cómo termina este episodio, y si el superintendente de Salud cumple con su rol y las Isapres sean de una vez por todas fiscalizadas sin soluciones parches o con lobbys.
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